sábado, 21 de julio de 2007

Quizás, no somos tan consecuentes

Hace unos días atrás, el juez Orlando Álvarez, rechazó la extradición a Lima del ex Presidente peruano Alberto Fujimori. El juez en cuestión, negó la extradición del ex Mandatario por considerar "vagos" los antecedentes que presentó el Estado peruano, que inculpa a Fujimori de dos delitos de corrupción y diez por violaciones a los Derechos Humanos.
De hecho, uno de los críticos de la medida, el ex juez Juan Guzmán Tapia, señaló, en declaraciones a CPN Radio de Perú, que el magistrado es "proclive a la dictadura" y que "siempre ha votado en contra de los pedidos de Derechos Humanos"; en clara alusión a su supuesta cercanía con el régimen del ex dictador Augusto Pinochet. Lo que sumado a los dichos del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado chileno, Jaime Naranjo, quien calificó como "una vergüenza" la resolución del ministro de la Corte Suprema; nos da una clara idea de la resistencia que a provocado la desición de la máxima autoridad judicial del país.
En éste panorama, tampoco se hizo esperar la reacción de parte del vecino país. La Ministra de Justicia de Perú, María Zavala, apuntó que el Estado peruano impugnará la decisión de Álvarez. "Se ha instruido, por intermedio de los procuradores, a los abogados del Estado peruano en Chile, para que inmediatamente interpongan el recurso impugnatorio correspondiente", dijo en una conferencia de prensa. Lo que sumado a los dichos del líder nacionalista Ollanta Humala, quien sostuvo que el rechazo del juez Orlando Álvarez a la extradición del ex Presidente Alberto Fujimori se debe a los ofrecimientos que ha hecho el ex Mandatario al gobierno chileno, ponen en clara tensión las relaciones bilaterales con los incaicos; a pesar de que el gobierno de Michelle Bachelet le bajó el perfil a las implicaciones políticas que tienen los acontecimientos.
Sin embargo, en éste clima de tensión y de dichos por parte de autoridades de los dos países, no puedo dejar de recordar lo sucedido con el caso de Augusto Pinochet en Londres hace unos años; y cómo el gobierno chileno, en su oportunidad, reclamó a los cuatro vientos su derecho a juzgar al ex mandatario en nuestro país por los delitos que éste había cometido frente a la magistratura inglesa, cuestión que hoy vemos hace el poder judicial peruano y que no es acogido de buena forma en nuestra nación.
Se ha dicho hasta el cansancio que las autoridades chilenas son independientes en sus decisiones, que los autos de procesamiento establecidos en contra de Fujimori son insuficientes para extraditarlo o para juzgarlo. Pero, no es lógico pensar que esa resolución debe hacerse por parte de las autoridades incaicas y no por magistrados chilenos? No reclamamos lo mismo, como gobierno, frente a Londres, en el caso de Augusto Pinochet hace unos años (1998)?
No hubieron también, válidas especulaciones, respecto de favores recibidos por parte de Pinochet, en razón su amistad, con la ex primera ministra del gobierno británico, Margaret Thatcher?
Cómo no solidarizar con el pueblo peruano, si Fujimori está impune de sus delitos en otro país, con el que históricamente no ha tenido buenas relaciones, sin que siquiera pueda éste, esgrimir, la inmunidad diplomática que el gobierno chileno, en su oportunidad, adujó frente a la Cámara de los Lores?
Incluso, con todos estos cuestionamientos a cuestas, cómo no reconocer el legítimo derecho de los tribunales peruanos a juzgar sobre las causas imputadas a Fujimori; si los tribunales chilenos lo tuvieron con Pinochet, aunque tuvo que aparecer el juez español garzón, para que se dieran cuenta lo que debían hacer?
Ojala la Segunda Sala de la Corte Suprema, al revisar la resolución de Álvarez, tome en cuenta éstos antecedentes para resolver la situación de forma justa. Porque si nos atenemos a las circunstancias, para ser consecuentes ética y moralmente, creo que debería extraditarse al señor Fujimori, y que sus compatriotas juzguen, lo que él ha realizado.

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